¡Una sola bandera!, 7 de Septiembre 1977- 2022
Hoy se cumple otro aniversario, el 45º, de la firma de los tratados que determinaron el fin de la jurisdicción norteamericana sobre el territorio nacional denominado entonces, "Zona del Canal". El evento posee una importancia que considero aún no ha sido comprendida, ni evaluada, en su justa dimensión. El verdadero nacimiento de la soberanía nacional comenzó con esa firma del Tratado Torrijos-Carter, hecho que se consolidó con el cumplimiento del plazo establecido para la extinción del control extranjero sobre la franja canalera, ocurrido el 31 de diciembre de 1999.
Muchos panameños aún no están conscientes de que la colonia norteamericana establecida en Panamá imponía una jurisdicción foránea, hecho que impedía la aplicación de la ley nacional sobre nuestro propio territorio.
Bajo esa realidad, Panamá fue un país ocupado y como tal, su incapacidad de ejercer poder soberano sobre la geografía patria eliminaba la continuidad jurídica de su existencia como estado libre.
El asunto no se limitó nunca a la administración o propiedad del Canal de Panamá; la meta siempre fue la eliminación de la jurisdicción extranjera sobre nuestro territorio y con eso obtener el verdadero nacimiento de nuestra independencia.
El hecho de que esta necesidad patria fuese cumplida por los esfuerzos y patrocinios de un dictador militar crea para muchos, y me incluyo, una paradoja. La aparente contradicción que expone es el que haya sido una dictadura militar y no un gobierno civil y democrático el responsable por el nacimiento real de la República de Panamá, y por el retorno de su recurso, el Canal de Panamá, a la administración de personal panameño. Digo "aparente contradicción" porque no olvido que esos militares también eran panameños y como tales estaban igualmente expuestos a las consecuencias, psicológicas y materiales, de tener una colonia extranjera en el suelo que los vio nacer.
La pregunta del por qué la devolución del Canal a Panamá no se produjo bajo gobiernos civiles jamás ha sido examinada de manera objetiva. De igual manera, la decisiva participación de un dictador para producirla tampoco ha sido debidamente analizada y mucho menos, unánimemente aplaudida. Sin la acción y pasión de Omar Torrijos, dígase lo que se diga, no se hubiese producido la génesis de la entrega del Canal en 1999. Sin la existencia en ese momento de James Carter, uno de los más decentes y humanistas presidentes de la controvertida historia política de los Estados Unidos, tampoco. A pesar de la aceptación por Panamá de la ignominiosa enmienda DeConcini, que legitima la ocupación del Canal por Estados Unidos para garantizar su operación y neutralidad, lo que en ese coyuntural momento privó fue el triunfo de la razón sobre la emoción: la necesidad de eliminar el funesto Tratado Hay-Buneau-Varilla, del 18 de Noviembre de 1903 por encima de cualquier otra consideración. Total, si hay algo históricamente demostrado en Latinoamérica es que Estados Unidos nunca ha necesitado de un tratado, o permiso para justificar sus intervenciones armadas.
Nuestra sociedad está poblada por ciudadanos generalmente indiferentes, que sin embargo se ven irresistiblemente compelidos a emitir opiniones poco informadas, basadas usualmente en una prejuiciada impresión del tema y no en el análisis del hecho sobre el cual comentan. Todos tenemos derecho a expresarnos, pero la obligación de ser responsables en el uso de nuestra opinión es algo que no parece tener peso social, máxime cuando no hay consecuencias por lo que se dice, o afirma.
El nivel de corrupción que hoy se experimenta en Panamá supera al existente en 1977, cuando se firmó el Tratado, y el que diga que no, miente. ¿Por qué razón se negaría el hecho? Por el deseo de una minoría interesada, apoyada por una mayoría indiferente, a continuar con la cantaleta de que nuestro problema nacional es una consecuencia de los actos de terceros, en este caso, la dictadura militar.
¿Pero entonces cómo explica "La Gran Cruzada Civilista" el estruendoso fracaso de su promesa de que nuestro país recobraría el sendero a la justicia y excelencia administrativas una vez desapareciera el General Noriega y su régimen? ¿Por qué 23 años después de la invasión norteamericana de 1989, el episodio que más vidas panameñas ha cobrado en la historia de nuestra República, no solo somos testigos de la existente y presente corrupción de nuestros órganos administrativos sino que además tenemos a un posible candidato presidencial acusado de corrupción por sus propios hijos, hoy presos, como el favorito para ganar la elección del 2024?
La acción de los panameños que participaron en la discusión y aprobación de los Tratados de 1977, militares y civiles, merece nuestro aplauso y agradecimiento, independientemente de las banderías políticas y de nuestro rechazo a las dictaduras, militares o civiles.
El dictador General Omar Torrijos, en el tema del Canal de Panamá, cumplió con su patria y con su pueblo y sus acciones lograron devolver al país la jurisdicción perdida, concretando la soberanía del país sobre su territorio y con ello prohijando el verdadero nacimiento de nuestra República. Negarlo me parece absurdo, incorrecto y falso y afirmarlo no convierte a nadie en partidario de la dictadura militar, ni en miembro o simpatizante del PRD.
No sé si viviré para ver el día en que nuestro Panamá pueda prosperar a consecuencia del ejercicio cívico de sus ciudadanos. No sé si podremos democráticamente eliminar a la corrupción que hoy eructa nuestros sueños y ahoga la posibilidad de un futuro digno para todos.
Solo me alegra el haber podido estar presente en la entrega de nuestro territorio el 31 de Diciembre de 1999, día que representa uno de los mejores momentos jamás vividos por el pueblo de nuestra excelente pero abusada patria.
Rubén Blades
7 de Septiembre, 2022
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