El Cuento de la Descentralización en Panamá
En la sociedad actual, e incluyo a la de mi país, la gente no presta atención a lo que se reporta, a menos de que se trate de un bochinche que involucre a un famoso, o de un escándalo que coincida o justifique sus prejuicios y rencores. Los hechos hoy ni siquiera son relevantes pues la opinión es la que dicta la realidad de las cosas. Muchos se obsesionan con un tema, por ejemplo, el matrimonio igualitario, y protestan sobre el asunto, incluso marchando en la calle oponiéndose a su consideración legal pero no hacen lo mismo para condenar a los responsables por la venalidad e ineficiencia de nuestro esquema judicial, legislativo y administrativo.
Y es que la mayoría de la gente que se queja del presente estado de cosas en Panamá paradójicamente forma parte y apoya con su inscripción a los partidos políticos que precisamente paralizan la posibilidad nacional con su corrupción político-administrativa.
En Panamá, hace unos años se planteó la necesidad de descentralizar al poder, hoy atrincherado en la ciudad de Panamá, para brindar a los Municipios del país "mayor autonomía". Pero como ocurre con frecuencia en nuestro país, la interpretación del hecho dista mucho de la realidad necesaria para producir sus verdaderos efectos. Atendiendo la mejor tradición clientelista y politiquera, la cacareada "descentralización" se limita a cambios cosméticos, como la asignación de un mayor presupuesto anual a cada municipio nacional, acción aplicada y explicada como necesaria para beneficiar a las administraciones locales de nuestras provincias, proporcionándoles más independencia para decidir y maniobrar en términos administrativos. Ambas afirmaciones son falsas. El tema de la "descentralización" como ha sido presentado es un cuento diseñado por la partidocracia para distraer, mantener e incluso aumentar el control que el partido de turno ejerce desde el Ejecutivo sobre una ciudadanía alienada y distraída.
El proceso de la descentralización política y económica como tal no existe ni existirá mientras se mantenga el protagonismo de partidos políticos cuyo poder descansa en el clientelismo político y la desnaturalización de la función administrativa.
Los dineros generados por las provincias del Interior de la República no se quedan en su jurisdicción: son enviados a una "caja común", para que un Ministerio de Economía bajo la dirección del partido político que en ese momento esté a cargo del Ejecutivo se encargue de crear un presupuesto de gastos nacionales. Ninguna provincia está facultada para decidir cómo ella invertirá el producto de sus entradas económicas, sean derivadas de impuestos, o de cualquier otro origen, ni tiene capacidad para elegir en cual rubro lo haría. Es el Órgano Ejecutivo el que define la inversión del ingreso nacional, provenga de donde provenga. Los gobernadores de cada provincia son designados de a dedo por el presidente de la República y la experiencia asegura, más en países políticamente corruptos, que los designados para esos cargos tienen que formar parte del partido ocupando el Poder Ejecutivo y de ser capaces de mantener la disciplina, esto es, obedecer sin chistar las órdenes que emanan de la cúpula del poder. Ningún gobernador posee la autoridad o independencia suficientes para definir unilateralmente acciones económicas, diseñar estrategias provinciales, ni aplicar decisiones inconsultas para mejorar las condiciones de sus respectivas jurisdicciones. Tienen que esperar órdenes emitidas desde la ciudad capital, lugar donde se concentra el real poder económico y político. Las acciones de entidades y autoridades administrativas en el Interior de Panamá tendrán en consecuencia un sesgo dirigido primariamente a proteger los intereses de los políticos del gobierno de turno y los de sus patrocinadores y no al interés nacional, mucho menos el de una provincia.
¿De qué descentralización se habla entonces? Ningún poder político nacido de la corrupción y mediocridad politiquera como los que nos rigen actualmente va a consentir de manera voluntaria disminuir y menos eliminar su influencia y dominio sobre las provincias nacionales.
Y no hay mejor manera de mantener un férreo control sobre estas que determinando la cantidad de dinero que recibirán para sus operaciones administrativas y de servicio público a sus moradores. Lo que hoy se presenta como "descentralización" es una mala utilización e interpretación del concepto. Pretende falsamente presentar una supuesta intención de respeto y preocupación por el bienestar de las poblaciones de nuestras provincias, haciendo ver que el poder localizado en la ciudad de Panamá, específicamente en el Ejecutivo, es consciente de la necesidad de brindar más apoyo a los sectores interioranos, tan apartados de los pasillos del poder político-económico panameño.
Presento a consideración algunas sugerencias para producir una verdadera descentralización del poder, algo que resulta imposible hoy por encontrarse el país bajo el control omnímodo de la corrupción politiquera y la mediocridad partidista.
Ofrezco estas ideas como un aporte para la discusión a los verdaderos candidatos y candidatas independientes.
1. REALIZAR INVENTARIOS PROVINCIALES Y COMARCALES Y DETERMINAR LAS INVERSIONES NECESARIAS POR PROVINCIA
¿Su propósito? Determinar las fortalezas y las debilidades, las necesidades y el potencial de cada provincia. Para que un proceso descentralizador pueda efectivamente producir resultados positivos tenemos que entender la realidad de cada provincia y comarca, como está constituida su población, el estado de su salud, de su educación, cuáles son sus necesidades infraestructurales, sus reales capacidades de aporte en materia económica, su situación en áreas como comunicaciones, en lo cultural, técnica, laboral, deportiva, espiritual. ¿Qué podemos incluir de esa provincia como aporte a un Plan Económico Nacional (P.E.N.)? ¿qué rubros? ¿personal técnico para tal fin, personal laboral requerido? Tenemos que identificar la realidad de cada provincia antes de planificar como ayudarla.
No solo se buscará producir los efectos económicos que requiere cada provincia del país y sus ciudadanos: la meta debe incluir también el mejorar la calidad de vida de los habitantes de Panamá.
Determinar cómo garantizar acceso a agua, vivienda, salud, educación, e identificar las necesidades infraestructurales requeridas para desarrollar el potencial de cada provincia y su contribución al Plan Económico Nacional, (en el área agrícola, productos alimenticios, para consumo nacional y para exportación, productos tradicionales y los no tradicionales para mercados especiales); modernizar nuestra red de comunicaciones, crear y mejorar aeropuertos, trenes, carreteras, puertos, y empezar macro proyectos como la construcción de un ferrocarril desde el Darién hasta Chiriquí/Bocas del Toro que complemente la interconexión a nivel nacional, con el Turismo como Motor Económico, apoyado por iniciativas económicas como el Panamá Centro Financiero Internacional, el desarrollo de partes de las riberas del Canal como centro de acopio y para la elaboración de materia prima, la oferta de convertir a Panamá en un centro técnico mundial, como una sede para la creación y distribución de tecnología verde, etc.
Esto se ha discutido antes y no se ha plasmado nunca, porque nada ocurrirá bajo una partidocracia corrupta.
Sin voluntad oficial no pasará nada.
La transformación y reforma nacional debe formar parte y descansar en un gran designio que empata las fortalezas y capacidades de nuestras provincias y las plasma en un Plan Económico Nacional, nos señala la dirección para ofrecer servicios y productos, Y nos determina el personal laboral y la educación técnica que necesitamos para mantenerlo funcionando óptimamente.
CADA PROVINCIA CONTARIA CON UNA OFICINA PARA EL DESARROLLO Y SUPERVISION DEL PLAN ECONOMICO NACIONAL (P.E.N.).
Los fondos anuales ($150 millones, $750 millones en cinco años, casi un billón de dólares por provincia), serían desembolsados por esa oficina únicamente para cumplir con las directrices del P.E.N. en cada uno de sus aspectos (obras públicas, salud, educación, turismo, plan urbano, cultura, deportes, asistencia técnica, producción alimentaria, transporte -terrestres, aéreos, marítimos, etc.-)
Esa oficina sería a su vez supervisada, en cuanto a ejecución de presupuesto y avance de obra, por la figura de un gestor, electo por votación popular en cada provincia. Ese gestor reportaría directamente al gobernador de la provincia (electo por voto popular de cada residente de la provincia)y al poder ejecutivo la marcha del proceso de transformación en cada provincia. Los medios de información recibirán semanalmente informes del avance de obras tanto de la oficina (P.E.N.) como del gestor para así mantener al país informado.
¿De dónde surgen los fondos para todo esto?
Asignación directa de no menos de $150 millones anuales por provincia, para desarrollar lo expuesto antes. Los dineros para garantizar esta inversión pública provendrán de los fondos otorgados por el Canal de Panamá cada año.
No solo la utilización racional de fondos públicos estará garantizada a nivel nacional; las provincias podrán sentir los efectos positivos del canal panameño directamente. ¿Qué efecto directo o práctico brinda hoy el Canal a Herrera?: Ninguno. Aparte del orgullo de administrarlo, el Canal es algo que muchos panameños ni han visto en persona. El Canal se convierte de verdad en un bien de todos y para todos. Por otro lado, los dineros aportados por el Canal de Panamá son eliminados de la "caja común" con que la corrupción y la mediocridad politiquera mantiene su control basado en subsidios y puestos clientelistas.
2. EL ACTUAL ESQUEMA ADMINISTRATIVO DEBE SER REEMPLAZADO POR UN NUEVO PARADIGMA DE ADMINISTRACION PUBLICA:
Eliminación de los actuales ministerios, fábricas de clientelismo; aplicación de la carrera Administrativa; creación de nuevas oficinas y servicios en reemplazo a los ministerios; una fuerza laboral a la que se accede por concurso y capacidad previa determinación científica del número de empleados necesarios para su operación eficiente de cada servicio público; simplificación y/o eliminación de procesos burocráticos que detienen a la inversión y que solo alientan a la corrupción; re-entrenamiento del eliminado personal laboral "clientelista" y su re-orientación hacia las nuevas áreas laborales determinadas por los "inventarios provinciales" y el "Plan Económico Nacional"; apoyo al emprendimiento a través de un AMPYME re-reestructurado, con un INADE que pueda apoyar y organizar al sector empresarial popular (hoy llamado ¨informal") y encauzarlo hacia áreas de producción no ensayadas y hacia provincias y puntos geográficos hoy inexistentes como fuentes de ingreso, apoyado el AMPYME a través de fondos otorgados por el Banco Nacional y otras instituciones bancarias (un porcentaje a definir de sus ganancias anuales).
REORGANIZACION DEL SISTEMA JUDICIAL; ELIMINACION DE LOS ACTUALES CUATRO CIRCUITOS JUDICIALES Y SU REEMPLAZO CON LA CREACION DE TRIBUNALES PROVINCIALES
Jueces civiles, penales, marítimos, con periodos específicos para brindar fallos, sanciones por incumplimiento de funciones, causales de remoción, jueces nombrados por votación popular directa, cuyos candidatos emanan de cada provincia y que son designados, candidatizados y electos por el voto directo de su población.
REORGANIZACION DEL SISTEMA LEGISLATIVO NACIONAL
Dos diputados por provincia, producidos por el voto directo de los habitantes de cada provincia (el que más votos obtiene gana).
Eliminación de las partidas, apoyos económicos, autos, lujos y prebendas actuales que sostienen al clientelismo y a la corrupción.
Por supuesto que hay mucho más que agregar. Solo cumplo con ofrecer ideas para iniciar una discusión nacional.
Estas son algunas de las consideraciones necesarias para producir una verdadera descentralización del poder político en Panamá.
Gracias por su atención amigos y amigas.
Como siempre, espero sus comentarios,
Rubén Blades
28 de octubre, 2022
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