Una oportunidad única para un nuevo modelo de Administración Pública
La iniciativa generada desde por el órgano ejecutivo panameño para aliviar la percepción exterior negativa, creada por el horror de los ¨Mossack-Fonseca Papers¨, abre la posibilidad de una oportunidad única para un cambio de paradigma enquistado en el Estado.
Es una búsqueda de solución válida y probablemente efectiva, para resolver un asunto que afecta al país. La idea de un grupo de estudio, compuesto por expertos internacionales y panameños, dirigido a construir un diseño diferente, transparente y efectivo, que garantice el buen desempeño de nuestras instituciones financieras, podría convertirse en un modelo de reinvención administrativa, aplicable internamente para beneficio de nuestra república.
El siguiente paso, en paralelo a la renovación de la actividad financiera, sería una convocatoria similar para contribuir a renovar al Órgano Judicial, a la Caja del Seguro Social, al Transporte Público, al sector Agrícola Nacional, y al de Educación, por mencionar algunas de las áreas que componen la gestión de gobierno.
Promovamos con esta convocatoria una iniciativa racional, objetiva y transparente que permita cambiar la reputación de ineficiencia y sospecha nacional que posee nuestra administración pública. Sustituyamos la tutela diseñada para la trampa, con un nuevo paradigma de prestación pública competente.
Así como un Premio Nobel en Economía, o para todos los efectos una persona confiable, le brinda seriedad y peso a la iniciativa del Poder Ejecutivo para mejorar la mancillada reputación de nuestro centro financiero internacional, ¿por qué no invitar a reconocidos expertos nacionales e internacionales en administración de las diversas áreas, para que contribuyan a diseñar nuevas instituciones que cumplan con su misión de servicio social público no privatizado?
Que el Ejecutivo apoye estas iniciativas es algo deseable pues contribuiría al diseño de una estructura estatal que elimine esas roscas públicas que sirven para enriquecer a las roscas privadas, para cubrir lagunas legales que permiten la interpretación corrupta, tardía o injusta de la norma legal y que favorecen a la impunidad, para evitar la gestión motivada para satisfacer intereses políticos o por dinero, para eliminar en lo posible las influencias, los espacios y sesgos aprovechados por la corrupción, que conducen a la ineficiencia, mediocridad, clientelismo y burocracia que en gran medida paralizan, impiden y derrotan la posibilidad de eficiencia en nuestra administración pública.
Elevando esos resultados a título constitucional, por ejemplo, el Estado podrá asegurarse de que los cambios positivos alcanzados no podrán verse afectados o alterados fácilmente por la politiquería, garantizándose así la hegemonía del bien nacional por sobre el interés mezquino y no solidario. La experiencia exitosa en la administración de nuestro Canal de Panamá es una prueba de la sensatez de tal acción y de que es posible, ¿por qué no?, repetirla en otras áreas del interés público.
Finalmente, resulta necesaria la existencia de una real voluntad, social y política, que en representación del futuro nacional esté dispuesta a utilizar todo el esfuerzo necesario para enfrentar, con argumentos sólidos, los problemas que tal iniciativa de procurar asesoramientos internacionales para reformar a nuestras instituciones oficiales produciría. Debemos esperar la reacción de los que no desean cambios que alteren su presente cuota de control en nuestra sociedad, y de los que se han acostumbrado a vivir sin aportar, sin ser responsables y sin ser solidarios.
El órgano ejecutivo puede, con su poder político y con la majestad de la voluntad popular que lo legitima, crear tal posibilidad.
Esa, en mi opinión, sería la ruta más sensata y factible para producir el camino hacia el orden institucional y hacia la sustitución de la trampa
tendida por una corrupción generalizada, que amenaza con impedir la posibilidad de nuestro camino hacia una sociedad más justa y feliz.
Rubén Blades
4 de Mayo, 2016