Apuntes desde la Esquina, 23 de diciembre, 2025

A nuestros lectores enviamos nuestros deseos de que tengan Felices Fiestas y mucha salud, alegría y oportunidades en el 2026!


INTERCEPCIÓN DE BARCOS BAJO BANDERA PANAMEÑA

El Ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, declaró que "... Panamá está asumiendo decisiones para que nuestro pabellón sea respetado...", a raíz del reciente abordaje en alta mar realizado por la Guardia Costera de los Estados Unidos a buques aparentemente registrados bajo bandera panameña. Su comentario parece dirigido a salvar la cara de su dependencia. Esos actos de intercepción fueron realizado​s por los norteamericanos de manera unilateral, no fue una acción conjunta y es dudoso que Panamá fuese previamente consultado.

La responsabilidad por el registro y la supervisión de buques bajo bandera panameña está incluida entre las responsabilidades de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Nuestra república es el líder internacional en el registro de naves, con entre el 16% y el 20% de la flota mundial portando bandera panameña. ¿Cómo hace la AMP para atender la monumental tarea de seguirle la pista a más de 8,650 buques (cifra del 2022) y asegurarse de que cumplan con las normas exigidas por Panamá para su abanderamiento?

El diario "La Prensa" reporta que "...el barco desde 2024 estaba incluido en el Libro de Sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos...". De ser esto correcto, ¿por qué Panamá mantuvo su registro bajo la bandera panameña? ¿No hay nadie examinando la lista de los 8,650 barcos para asegurarse de que no están violando normas y reglamentaciones, nacionales e internacionales? La impresión que me da la noticia es que Panamá se enteró de la violación a sus requisitos para mantener el abanderamiento después de que los gringos interceptaron a la nave, no antes, como debió ser. Otro punto: las informaciones no son suficientemente claras en cuanto a cuáles son los barcos bajo bandera panameña y cuáles no. ¿Es "Centuries" la nave en mención? Y el "Bella 1"; esta registrado bajo bandera panameña?

Sin el escándalo internacional quizás no se hubiese enterado la AMP, y menos el Canciller Acha. Él habla de "... señales de alerta..." indicando que la nave andaba en trampas. ¿Cuándo se enteraron en Panamá de esas señales? ¿Quién las detectó? ¿Cómo lo hicieron?
Avergüenzan declaraciones dirigidas a convencer a la gente pendeja, y más pena provoca el que provengan de personas a las cuales asignábamos cierta capacidad intelectual. La situación denunciada sugiere que Panamá no está realizando la debida supervisión a su monumental número de abanderamientos marítimos. Y que la AMP no se excuse argumentando falta de fondos.

Si se cobra un impuesto único de $1,500 dólares para extranjeros, y $1,000 dólares para panameños, el volumen del registro naviero debe producir ingresos que permitan contratar el número necesario de personas para determinar si barcos bajo bandera panameña violan la ley y así evitar la impresión de que nuestro país alcahuetea estas conductas, o carece del interés, o capacidad, para prevenirlas, o castigarlas.
Chambonadas como esta en nada ayudan a crear respeto por nuestra nación.

LA DEUDA PÚBLICA DE PANAMÁ ALCANZA CASI 59 MIL MILLONES DE DÓLARES

De julio de 2024 a diciembre de 2025 la deuda pública en Panamá ascendió en siete mil millones y hoy su total aproximado alcanza los cincuenta y nueve mil millones de dólares.
De mantenerse en el mismo ritmo, el gobierno de Mulino podría terminar su periodo  gastando más que los casi veintiséis mil millones de dólares de su predecesor Cortizo, y sin una pandemia a quién culpar. 
Hace unos días indiqué la increíble diferencia entre lo que recauda la mina de cobre y lo que se le entrega en regalías a Panamá y no hubo el menor comentario en medio nacional alguno, ni en las redes sociales tampoco. Acaso estas vainas solo importan a los que no vivimos tiempo completo en Panamá?

LOS BILLONES DEL CANAL Y EL ABANDONO DEL INTERIOR

Resulta difícil para cualquier persona enfrentar diariamente la lectura de reportes expresando malestar por la situación social y natural en la que vivimos. ¡Qué más quisiéramos que poder describir nuevos avances y cambios positivos en la realidad de Panamá! Pero, como he repetido en innumerables ocasiones, nada va a mejorar en nuestro país mientras continúe activo el corrupto, obsoleto y desprestigiado paradigma de administración pública imperante, sostenido por la partidocracia tradicional a través de la aplicación del clientelismo político.

Hace poco indiqué la increíble discrepancia entre lo que recibe Panamá en regalías por su yacimiento de cobre y lo obtenido económicamente por la empresa que opera la mina. Hoy leo las noticias nacionales en donde se anuncia que el canal de panamá acaba de entregar dividendos por su operación, un total que asciende a $2,965,000,000 (dos mil novecientos sesenta y cinco millones de dólares). La noticia demuestra la capacidad que posee la fuerza laboral y administrativa encargada del buen funcionamiento y la operación eficiente de la vía acuática, un bien nacional.

Pero si usted le pregunta a cualquier residente al oeste de nuestra república, de Coclé a Chiriquí, si ha sentido el efecto directo en sus vidas del aporte económico del canal, me atrevo a apostar que responderá que no. A pesar de ser conocido como "el canal de Panamá", las ventajas de su existencia benefician mayormente a la provincia de Panamá, donde está radicada la presidencia y el poder económico-financiero.

La mal llamada “descentralización”, una fantasía utilizada para apretar más aún el lazo de la dependencia que hoy esclaviza al interior de nuestra geografía no incluye el disfrute de los dividendos del canal para las provincias. Ni siquiera se salva Colón, a pesar de estar en la inmediata proximidad de la bonanza canalera; Colón no es pobre, ha sido empobrecida por la corrupción y la ausencia de una voluntad oficial real para solucionar sus problemas.

Esos casi tres billones de dólares que aporta el canal son gastados en subsidios públicos que sostienen apoyos electorales, o que protegen de la competencia a intereses comerciales propiedad de “monos gordos”. Son utilizados para patrocinar el “clientelismo político”, sistema que se sostiene con empleados públicos ocupando puestos innecesarios o inexistentes. Esos billones de dólares, en vez de ser invertidos en Panamá, son exportados en forma de abonos a préstamos celebrados para rebajar la deuda que permite sostener al estado clientelista, ante la ausencia de ingresos fiscales que no se producen precisamente por lo antes descrito: el despilfarro en gastos estatales que no producen dividendos para mejorar a la población

¿Qué ocurriría nacionalmente si una parte de esos casi tres billones de dólares fuese invertida consistentemente, por un espacio de cinco años, para desarrollar recursos naturales y humanos cuyos potenciales son ignorados y sus fortalezas desaprovechadas, en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí, Bocas del Toro y Darién?

Una vez determinadas las necesidades infraestructurales de estas abandonadas provincias (para que puedan ser desarrolladas e incluidas en un verdadero plan nacional para el desarrollo económico, humano y espiritual de sus poblaciones), se podrían asignar los recursos económicos necesarios para producir los resultados deseados.

Imaginemos 200 millones anuales a cada una de estas provincias, garantizados por cinco años. Hoy esa cantidad representaría $1,400,000,000 (un billón cuatrocientos millones de dólares), menos de la mitad de los $2,965,000,000.00 (dos mil novecientos sesenta y cinco millones de dólares) aportados este año por nuestro canal. Los beneficios de la distribución de esos ingresos producirían efectos económicos inmediatos y además justos. Mejoraría instantáneamente la calidad de vida de los habitantes de nuestro interior y se detendría la migración hacia la ciudad capital; incluso reuniría familias, pues la oferta de trabajo local influiría en el retorno a sus provincias de los que emigraron por motivos económicos. Pero tan, o quizás más importante aún, acabaría con el total control de la corrupción política al crearse la distribución de la oportunidad para invertir y trabajar en toda la república de Panamá, sin necesidad de besar los anillos de los corruptos que hoy controlan el acceso a la oportunidad.

¡Imaginen los positivos efectos que produciría el garantizar a nuestras provincias inversiones por cinco años totalizando un billón de dólares a cada una! El impacto económico en el país completo haría realidad la frase: “el canal es de todos”, al llegar sus efectos económicos, por primera vez y de manera directa, a nuestro interior.

Estos beneficios resultan imposibles bajo el actual esquema administrativo y la corrupción política vigente. En Panamá, la corrupción política permite a sus habitantes sobrevivir, pero no triunfar. Al por qué la ciudadanía permite que la ultrajen políticamente ya me he referido y especulado en pasados escritos.

Buena noticia es saber que el canal de Panamá se recuperó económicamente de las dificultades experimentadas el año pasado por los efectos del cambio climático, eso que un narcisista asno anaranjado hoy proclama es solo “…otra mentira de los demócratas…”

La mala noticia es saber que esos casi tres billones de dólares nuevamente van a ser utilizados para sostener un corrupto sistema político-partidista, al que no le interesa realmente el bienestar de los ciudadanos y residentes de Panamá, que impide el desarrollo de nuevos capitalistas y sólo estimula dependencia y mano de obra barata. 

Rubén Blades
23 de diciembre, 2025

 




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